Los archivos de la represión o de la continuidad de la guerra sucia

Los archivos de la represión o de la continuidad de la guerra sucia

No podemos buscar en donde no están…

El 3 de julio de 1979, don Manuel Talamás Camandari, entonces obispo de la diócesis de Ciudad Juárez, envió una carta al procurador general de la República, Óscar Flores, solicitándole información sobre varios casos de personas detenidas-desaparecidas por motivos políticos. El procurador le respondió el 6 de julio en 4 breves páginas. En ellas, sintetizó la versión oficial sobre los desaparecidos, decía:

Comprendo la angustia de los familiares de las personas desaparecidas, pero el Gobierno no está en la posibilidad de dar información de donde se encuentra cada persona desaparecida […] Respecto a que existe el derecho constitucional a saber dónde están sus hijos, esto sería si éstas estuvieran en poder de alguna autoridad o tribunal, pero el Gobierno no tiene ‘obligación constitucional’ de encontrar donde esté alguna persona que no haya sido aprehendida o esté sujeta a proceso o detención…

Durante los gobiernos de Luis Echeverría y José López Portillo (y los que siguieron), sistemáticamente se negó que hubiera una estrategia para eliminar a un sector de la disidencia política, principalmente a las guerrillas. No sólo se ocultó que las dependencias encargadas de la seguridad nacional llevaban a cabo operaciones de detenciones ilegales y posteriores desapariciones, además se insistió en que las propias víctimas de tales abusos eran los responsables de su suerte.

El expediente de Felipe Ángel Millán García, militante de la Liga Comunista 23 de Septiembre en Sinaloa, que se encuentra en el archivo de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) resguardado por el Archivo General de la Nación (AGN), contiene información que permite saber que fue detenido por agentes de la DFS y la Policía Municipal en la ciudad de Culiacán, el 23 de julio de 1977.  Uno de los objetivos de las detenciones era obtener información que permitiera descubrir y capturar las redes de militantes. Un mecanismo perversos en este proceso fue obligar al detenido a señalar en la calle o “puntos de encuentro” a sus compañeros. Así lo hicieron con Felipe. Un reporte señala que el 17 de agosto, es decir 25 días después de su detención-desaparición, se realizó un patrullaje con él por las calles de Culiacán, ese día “señaló” a dos activistas estudiantiles, quienes fueron detenidos, y quienes pese a no tener ningún vínculo con la Liga, permanecieron 18 días detenidos-desaparecidos, hasta su liberación el día 30 de agosto.  Felipe sigue desaparecido. Igual que en otros casos, la DFS elaboró un documento en el que se establece una ficción que “da cuenta” de su desaparición:  

Este individuo no está muerto, es prófugo de la justicia. Miembro de la Liga Comunista ’23 de Septiembre’, a nombre de cuyo grupo realizó múltiples actividades delictivas durante varios meses. El 10 de septiembre de 1977, fue encontrado en la calle de Joaquín Redo de la Colonia Gabriel Leyva, Culiacán, Sin., en unión de otros miembros de ese grupo subversivo, teniendo en su poder varias armas de grueso calibre ocultas en ese lugar que [e]ra una casa de seguridad, lugar donde también se encontraron múltiples explosivos[…]A partir de esa fecha han tratado diversas corporaciones policíacas de ubicar a los prófugos sin resultados.

En este tipo de reportes, pertenecen a una estrategia discursiva documental, se responsabilizaba a las víctimas de la represión de su propia suerte, al mismo tiempo que se documentaba su culpa y se borraba el rastro del detenido. De esto se alimentó la versión oficial. Pero sus mismos archivos los desmienten.

Búsquenle por otro lado o de la transparencia a la mexicana

Casi 36 años después de la respuesta del procurador, los mecanismos de la desaparición forzada siguen intactos: negar cualquier información sobre el detenido, para impedir el ejercicio de sus derechos, a él y a sus familiares. Desde enero de este año, se implementaron nuevas restricciones para la consulta de información del archivo de la DFS. Este archivo, que aún es controlado por el Centro de Información y Seguridad Nacional (CISEN), pertenece a un conjunto que públicamente se conoce como “archivos de la guerra sucia”.

Hasta el año pasado la consulta de documentos podía ser “directa” (mediando el criterio del personal del CISEN), y además solicitar versiones públicas, que eran testadas por el AGN. Sin embargo, a partir de enero decidieron aplicar un criterio (perverso según mi opinión) que se encuentra en el art. 27 de la Ley Federal de Archivos (emitida en el 2012) y que se refiere a que hay cierta información que, a pesar de ser histórica, su contenido sigue siendo delicado y por ello se les clasifica como “archivos históricos confidenciales”. Con esta clasificación, esos archivos quedan exentos de la Ley Federal de Transparencia, y la información puede ser reservada (eufemismo legal para ocultar y negar información) hasta por 70 años.

En una brillante y tautológica defensa de la impunidad y la opacidad, el comisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), Francisco Javier Acuña, pregunta y se responde: “¿Cómo es posible que a estas alturas esta información de hechos tan graves tenga que consultarse de manera parcial? Esa es la razón: son archivos históricos confidenciales”. (http://www.jornada.unam.mx/2015/03/30/politica/005n1pol)

Se argumenta que se trata de proteger los datos personales de “víctimas y victimarios”, dice el comisionado, pero ¿a quién beneficia esa “protección”?, de ninguna manera a las víctimas o sus familiares. Con la nueva forma de testar la información, testado que ahora realiza el propio CISEN, se oculta, entre otras cosas, el nombre y posición de funcionarios que participaron en la represión e incurrieron en graves violaciones a derechos humanos. Dice el comisionado del IFAI: “…se trata de que se conozcan las circunstancias, pero no los detalles, como por ejemplo si una de las víctimas apareció con la cabeza destrozada o el victimario confesó. En aquella época (de los movimientos sociales), ve a saber de qué forma aberrante se obtenían las confesiones”.

Pues justo, entre otras cosas, eso que hay que conocer y denunciar son las “formas aberrantes” en que los agentes de seguridad nacional, militares o civiles, implementaron la estrategia represión. Se sostiene que hay que proteger los datos personales de las víctimas, entre ellos, por ejemplo, la ideología que defendían. Pero en el caso de los detenidos-desaparecidos, es un dato fundamental, pues en las fichas de su detención podría saberse bajo que “ideología” eran clasificados por la DFS, y de esa manera quebrar la ficción durante mucho tiempo sostenida por el Estado y los gobiernos, de que en México no se perseguían las ideas. Se persiguieron sí, y hasta la muerte de quienes las sostenían. Y se siguen persiguiendo.

Los archivos de la represión, no sólo tuvieron por objetivo servir de soporte documental, sino alimentar y posibilitar los procedimientos cotidianos de la dependencia a la pertenecieron. En el caso del archivo de la Dirección Federal de Seguridad, contar con la información suficiente y en tiempo sobre los “enemigos” en turno, información que permitiera documentar su culpabilidad, permitir su captura y ejecutar la condena.

Negar, ocultar o limitar el acceso a la información que permita dar cuenta de la política autoritaria, es garantizar su continuación. La sugerencia de la directora del AGN, de “buscar en fuentes alternas” información (http://www.jornada.unam.mx/2015/03/23/politica/003n2pol), por ejemplo sobre los detenidos-desaparecidos, es simplemente prolongar la respuesta que dio el procurador del régimen autoritario hace 36 años.

Historiador.