Abatir o no abatir ¿esa la cuestión?

Abatir o no abatir ¿esa la cuestión?

Abatir o no abatir ¿esa es la cuestión? Sobre los eufemismos y metáforas de la violencia de Estado

La violencia de Estado tiende a esconder sus propios medios, genera un discurso que “oscurece su naturaleza”,[i] la envuelve en bruma con eufemismos y metáforas. Ese discurso, uno de cuyos pilares es la caracterización del enemigo a combatir, no es producto del pragmatismo, exceso o equivocación de alguna institución o de sus agentes, sino el corazón de la estrategia estatal y de la lógica de violencia.

Por ello no es casual la insistencia de las instituciones del Ejecutivo, en principio aquellas vinculadas a la seguridad nacional, de convencernos de que aquellos individuos “abatidos”, “caídos”, “desaparecidos”, en cualquier situación y sin prueba ninguna, forman parte del enemigo al que se combate y que, por lo tanto, ese era su destino. ¿No fue esa la estrategia seguida las primeras semanas después de la desaparición de los normalistas en Iguala? Con ello pretendieron convencernos de que aquellos formaban parte de una “banda criminal” para desactivar cualquier tipo de reclamo ulterior. Y por las mismas razones, tampoco es casual que ahora se nos diga que “abatir” es equivalente a cuidar de la seguridad de la tropa y de los civiles…

El Estado construye discursos (y prácticas) con los que subjetiva a determinados individuos o conjuntos sociales como enemigos (políticos, de la nación, de la sociedad… de dios), y ese discurso soporta la verdad del Estado. No estamos, pues, ante la elaboración de una mentira o ficción, sino ante un núcleo ideológico  que estructura la verdad del Estado sobre el enemigo y sobre el conflicto (un marco interpretativo); verdad que adquiere una materialización social: la eliminación de aquellos construidos como enemigos y la aplicación de cambios económicos y políticos que han favorecido a pequeños y muy privilegiados grupos sociales.   

Abatir no es matar

El 2 de julio del 2015 el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez hizo público su informe Tlatlaya a un año: la orden fue abatir.[ii] El informe ha generado cierta discusión sobre la responsabilidad de los altos mandos militares y ha puesto en evidencia que estos casos rara vez tienen que ver con excesos individuales y que, más bien, son prácticas y procedimientos institucionalizados.

Tanto la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Secretaría de Gobernación (SEGOB) han insistido en que lo que los hechos muestran no es lo que las órdenes de operación quisieron decir. Para la SEDENA, la instrucción dada en Tlatlaya dice claramente “proteger la vida de las personas y la seguridad de la tropa”,[iii] y que “abatir delincuentes” bajo ningún punto interpretativo es matar, mucho menos desde el punto de vista de los abatidos. La SEGOB insiste en este punto y avanza un poco más, pues señala, en voz de su subsecretario Roberto Campa Cifrían, que la confusión entre abatir y matar se debe a la interpretación mal hecha, cuando menos, sino es que dolosa de quienes elaboraron el informe; la confusión se debe a su “mala leche”, dirían en mi pueblo: “Para fundamentar su crítica, el PRODH equipara abatir con matar; descontextualiza un mandamiento que busca proteger a personas inocentes e ignora un lineamiento general y seis particulares, referidos todos al respeto a los Derechos Humanos y uso legítimo de la fuerza y las garantías de los detenidos”.[iv]

Si la orden fue proteger la vida y garantías de todos en Tlatlaya, es inevitable preguntarse por qué entonces existieron ejecuciones extrajudiciales, modificación de la escena, siembra de armas y miembros del Ejército sometidos a juicio por ello… Al parecer, quienes mal interpretaron el lineamiento general y los seis particulares a los que hizo referencia el señor Campa Cifrían no fueron miembros del PRODH.

En realidad fue el propio Ejército el que reconoció lo ejecutado: abatir es matar. Así quedó asentado en los distintos partes militares sobre la operación en Tlatlaya, en los que se refieren a los individuos muertos como “abatidos”.[v] Abatir en la práctica militar es matar, o al menos eso parece apuntar un interesante estudio sobre el “índice de letalidad” que concluye: “Los índices aquí expuestos alertan sobre el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza letal como posible patrón de comportamiento de las fuerzas federales”.[vi]

Ahora quieren convencernos de que abatir bajo ninguna circunstancia, en la práctica militar o de alguna otra fuerza de seguridad, significa matar. Y hay que insistir en que el problema no es uno etimológico o lingüístico, mucho menos uno referente al purismo del lenguaje, sino, en todo caso, es un problema de enunciación: en qué circunstancias se enuncia, dentro de cuáles lógicas políticas y sociales tiene lugar lo enunciado, quién lo enuncia y cuál es la situación jurídica, política de aquel que, en cualquier caso, es el sujeto que ejerce la enunciación. ¿Quién habla?, ¿desde dónde? Y ¿qué dice?: ¿cuál es el plexo de verdad que produce cuando habla? Y esto, inevitablemente, hace visible la lógica de violencia a la que este discurso (sus enunciados) sirve. Por ello, el llamado de la CNDH[vii] a la SEDENA para que modifique o precise el término abatir en sus órdenes de operación en todo caso servirá para hacer explícita la acción ejecutada, pero no alcanza a modificar (y tanto menos a impedir) el ejercicio de la violencia que, en este caso, es también una violencia del lenguaje.        

Una violencia que no dice su nombre

El ejercicio de la violencia de Estado ha ido acompañada de su propia negación, nunca se dice ella misma, nunca aparece como tal. Nuestra historia reciente pone en evidencia, como un mecanismo, el discurso brumoso en el que la violencia del Estado se envuelve, salpicado de eufemismos y metáforas que funcionan como ventanas del terror. Miremos algunos casos.

Paquete, fue el término oficial utilizado por las fuerzas de seguridad nacional, entre 1973 y 1980, para designar a los detenidos-desaparecidos. Fue la metaforización de la condición del detenido desparecido.

Se tiene documentado el uso de este término, al menos, desde finales 1973. En un radiograma del General Eliseo Jiménez Ruíz, entonces comandante de la 35a/ZM con sede en Chilpancingo, Guerrero, dirigido al Secretario de la Defensa, se dice sobre un grupo de detenidos: “Fin explotar información proporcionada por paquetes.”[viii] Hay que insistir en un aspecto, que no debe ser pasado por alto: esta forma de concebir a los detenidos no era un argot de la tropa o de los agentes de la DFS o de la DGIPS, sino una política de los altos mandos y el lenguaje burocrático, que “facilitaba” su tratamiento, su manejo.[ix] Estamos, pues, ante un procedimiento de objetualización de los detenidos.

Este tratamiento ya lo encontramos normalizado y generalizado a partir de 1975, no sólo en el caso Guerrero ni de uso exclusivo de los militares, sino en todo el complejo contrainsurgente. Y puede ser observado, por ejemplo, en el intercambio de los detenidos entre las distintas corporaciones policiacas, según fuera la información que pudieran proporcionar.[x] Por ejemplo, en 1978, el agente Pablo Lugo Montiel envió un oficio al Jefe del Departamento de Control de la Dirección Federal de Seguridad, informándole que el 3 de abril a las 13.30 horas “fueron trasladados a la Procuraduría General de la República, los paquetes que a continuación se nombran…”, no se específica cuánto tiempo estuvieron en poder de la DFS los detenidos, sólo se dice que su captura había sido “reciente” y habían confesado que recibieron formación política-militar.[xi]

Las campañas y operaciones militares también si  un ejemplo claro. A fines de febrero de 1973, la 28/a Zona Militar anunció que llevaría a cabo “prácticas militares” en la región de Pinotepa Nacional, en la que participarían elementos del 18º y 54º batallones. Entre los lugares en los se realizarían se encontraban el municipio de Jamiltepec y los poblados de Armenta y Tepixtla, colindantes con Guerrero: “Durante la incursión de efectivos militares en los lugares señalados, no sólo llegarán a efectuarse las prácticas militares, sino otras actividades de tipo social en beneficio de los pobladores para lograr un acercamiento entre militares y pueblo en general.”[xii] Este movimiento de tropa no resultaba casual, pues en esa zona del municipio de Jamiltepec desde 1972 se había estado desarrollando una intensa lucha contra los caciques de la región, en particular la familia Iglesias Meza, cuyo poder se extendía por toda la zona conocida como Costa Chica. El 12 de febrero de 1973, campesinos de la región intentaron tomar la casa de la familia, incendiándola. Este acto desencadenó el aumento de la presencia militar y la represión subsecuente. Además, hay que recordar que esta zona, incluyendo Puerto Escondido y  Pochutla, se convirtió en la zona de influencia de la Brigada Revolucionaria Emiliano Zapara (BREZ), guerrilla rural impulsada por la Liga Comunista 23 de Septiembre.

Para mediados de 1974, comienzan a reportarse los primeros resultados de esta campaña militar. En agosto, la partida militar “encontró” una casa de seguridad en la que se hallaba material y propaganda de “una supuesta brigada revolucionaria Emiliano Zapata”, dicho hallazgo fue comunicado a Oaxaca, y de inmediato se enviaron agentes federales para su investigación, la nota dice que los elementos federales enviados eran de la Policía Judicial Federal, pero probablemente se haya tratado de agentes de la DFS, a la que correspondía los asuntos relacionados con la LC23S.[xiii]

De estas investigaciones se sucedieron las primeras detenciones. El 20 de septiembre, en una operación coordinada en la que participaron elementos del 54/o batallón y la policía judicial, fueron detenidos, en Putla: Aldegundo José Sarmiento, de 20 años, Alejandro José García, de 19 años y Jacinto José García, de 16 años, quienes dijeron ser simpatizantes de la BREZ, “los mencionados maleantes, fueron conducidos a la ciudad de Oaxaca, por la Policía Judicial del estado y escoltados por tropas del 54/o Batallón de Infantería y están sujetos a intenso interrogatorio por elementos de la Zona Militar y Policía Judicial Federal.”[xiv]

Informes, reportes militares y policiales secretos, notas de periódico o declaraciones oficiales, todas llenas de estos eufemismos y metáforas, que los develan no como un mero estilo, sino como parte de la lógica de violencia del periodo: intenso interrogatorio, como eran metaforizadas las sesiones de tortura; o el término paquete, con el que se designaba a los detenidos-desaparecidos. O los eufemismos con los que eran nombradas las operaciones de aniquilación del enemigo: operación silenciador; plan de seguridad sosiego.

La cualidad metafórica, ese desplazamiento semántico, permite decir las cosas sin decirlas directamente, no porque no puedan ser enunciadas de manera llana, sino porque su metaforización les otorga una fuerza que ningún discurso explicativo alcanzaría.

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[i] Véase Carlos Montemayor, “La guerrilla recurrente” en La guerrilla recurrente, México, Debate, 2007.

[ii] Tlatlaya a un año: la orden fue abatir http://centroprodh.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=1588%3Atlatlaya-a-un-ano-la-orden-fue-abatir&catid=209%3Afront-rokstories&lang=es

[iii] “Sedena: se mandó proteger la seguridad de tropas y civiles”, La Jornada, 4 de julio 2015, p. 3    http://www.jornada.unam.mx/2015/07/04/politica/003n1pol

[iv] Roberto Campa Cifrian, “Tlatlaya, una orden no cumplida”, Reforma, 5 de julio 2015. http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/editoriales/editorial.aspx?id=66298&md5=89e5c329b9a1e4a211bf5c1a05543d40&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe&lcmd5=5c7871df59d64617344340f193a0304

[v] Así lo demuestra Gloria Leticia Díaz en su nota de Proceso, “La orden de ‘abatir’ vino de muy arriba”, Proceso, número 2018, 5 de julio 2015. http://hemeroteca.proceso.com.mx/?page_id=278958&a51dc26366d99bb5fa29cea4747565fec=409634&rl=wh

[vi] Catalina Pérez Correa, Carlos Silva Forné  y Rodrigo Gutiérrez Rivas, “Índice de letalidad. Menos enfrentamientos, más opacidad”, Nexos, número 451, julio 2015. http://www.nexos.com.mx/?p=25468

[vii] “Pide CNDH a Sedena precisar el término ‘‘abatir delincuentes’’”, La Jornada, 8 de julio de 2015, p. 5. http://www.jornada.unam.mx/2015/07/08/politica/005n1pol

[viii]Radiograma del General Eliseo Jiménez Ruiz a DN UNO, HCD expediente SDN 97/288/ 5 y 43, citado en Informe FEMOSSP, p. 374. Cursivas mías.

[ix]En un telegrama de julio de 1974, del Secretario de la Defensa, General Hermenegildo Cuenca Díaz, al General Eliseo Jiménez Ruiz se dice: “captura de un paquete grupo Lucio Cabañas integrante guardia Sen. Figueroa a quien ya se interroga.” Telegrama 2115 de DN UNO HCD a EJR 27ª ZM expediente SDN/ 96/285/ 338 y 340, citado en  Informe FEMOSSP, p. 393.

[x] El 22 de septiembre, el Director General de la Policía y Tránsito del Distrito Federal, el General de División Arturo Durazo Moreno, firmó de recibido por 7 detenidos, que habían sido capturados por la DFS entre el 17 y 18 de septiembre, obviamente, al ser entregados a Durazo aún estaban en calidad de detenidos-desaparecidos.  Recibo firmado por Durazo, Archivo General de la Nación, fondo Dirección Federal de Seguridad, expediente 11-222 H-84 L-10, disponible en expediente Unión del Pueblo, 1ª parte, legajo 10/18.

[xi] Archivo General de la Nación, fondo Dirección Federal de Seguridad, oficio del 3 de abril de 1978, expediente Unión del Pueblo, 1ª parte, legajo 13/18. Cursivas mías.

[xii] “Efectivos militares parten hacia Pinotepa a desarrollar prácticas”, El Imparcial, 25 de febrero, 1973. Cursivas mías.

[xiii] “Pinotepa, ¿base de Subversión?”, El Imparcial, 3 de agosto, 1974, página principal y 3.

[xiv] Archivo General de la Nación, fondo Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales 3 de octubre de 1974, expediente 1, caja 1079.

Historiador.