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Miércoles 3 de junio 2015

Nuevos perfiles…

Hoy el Reforma en su suplemento “Red Carpet” publicó un perfil de 15 “políticos”, candidatos a puestos de “elección popular” [no está de más aclarar que lo entrecomillado señala la labilidad de tales conceptos]. En términos pedestre: me pegué un susto, me amargó el desayuno saber que, muy probablemente, estos personajes serán  “representantes populares”, electos por la “vía democrático-electoral” [tampoco está de más aclarar la ficción del contexto electoral]. Pero además del susto, inmediatamente vino a mi mente el clásico texto sobre la formación, composición y dinámica de la élite política en México, Los laberintos del Poder [1979], de Peter. H. Smith. En ese texto, el autor daba cuenta de las formas en que la élite política mexicana se mantenía y renovaba…hasta la década de 1970. Concluyendo con 22 reglas del juego, que cualquiera que quisiera llegar alto en la política mexicana debía seguir (más allá de su tono sarcástico, las 22 reglas que propuso Smith sintetizaban un arduo trabajo empírico), aquí algunas de sus famosas reglas:

  1. Estudie una carrera universitaria, de preferencia en la UNAM
  2. Ingrese al PRI
  3. Acepte cualquier cargo que pueda obtener en la política o en el gobierno, y cuanto antes mejor
  4. Ya que esté en la política, prepárese a competir
  5. Estudie el sistema
  6. Siempre que haya oportunidad trate de obtener un puesto en la ciudad de México
  7. Haga todos los amigos que pueda, sobre todo entre sus superiores
  8. Capitalice sus relaciones familiares
  9. Si ha decidido formar parte de un equipo o de una camarilla, elija con mucho cuidado a su jefe
  10. No se enemiste con nadie
  11. No hunda el barco….

Y así prosigue Smith. Sin embargo, esto sólo resulta válido hasta mediados o finales de la década de 1970. Allí comienza a cambiar todo, y una nueva lógica aparece. Efectivamente, las nuevas políticas neoliberales, aparecidas desde principios de esa década, comenzaron a mezclarse con las viejas formas políticas, pero de a poco, a veces con golpes violentos y otras penetrando de manera lenta, lo fueron cambiando todo. Por eso decir que el viejo PRI regresó al poder resulta, no sólo una falacia histórica, sino un error político. Aunque viejas formas de ejercer el poder (las autoritarias y corruptas sobre todo) se mantengan, están integradas en otra lógica política, muy distinta a las que les vio nacer, y por ello su sentido es distinto. Pero no quiero desviarme del comentario. 

Peter H. Smith, en su texto, fue incisivo en señalar que no existía una élite unificada en México: políticos y empresarios eran dos élites, que actuaban unidas en ciertos momentos, pero que eran competitivas entre ellas:

“Los empresarios casi nunca entraron en la política y lo más que sabemos es que los titulares delos cargos públicos […] no pasaron a la industria privada. […] En lugar de una élite del poder unificada, México por tanto parece tener una estructura de poder fragmentada desde cuyos niveles superiores dominan dos élites distintas y competitivas. Ambas comparten intereses específicos en común, entre los que destaca el de mantener la subordinación y la manipulación de las masas populares y la promoción de la acumulación del capital”.   

En los últimos 20 años hemos visto como se ha modificado la composición orgánica del poder en México, hasta casi ver aparecer a una sola élite política, no dos, sino una con diversos grupos. Las telebancadas, el paso de políticos al ámbitola foto 1 privado, los empresarios convertidos en líderes de partidos, o partidos que son empresas familiares: la lógica de las élites y su ejercicio del poder se ha modificado, hasta llegar a este esperpento. Y no es que lo de antes fuera mejor, de ninguna manera, sólo que el grado de espanto es mayor. La elite política neoliberal, no la que se transformó en la década de 1970, sino esa élite ya nacida y criada bajo los nuevos preceptos políticos, es la que va asumiendo ahora el poder en México. Una muestra de ello son esos quince perfiles publicó hoy el Reforma. ¿Alguien habrá ya pensado en escribir las “nuevas” reglas del juego para triunfar en la política neoliberal?

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Lunes, 13 de abril de 2015

Los archivos de la represión o de la continuidad de la guerra sucia

No podemos buscar en donde no están…

El 3 de julio de 1979, don Manuel Talamás Camandari, entonces obispo de la diócesis de Ciudad Juárez, envió una carta al procurador general de la República, Óscar Flores, solicitándole información sobre varios casos de personas detenidas-desaparecidas por motivos políticos. El procurador le respondió el 6 de julio en 4 breves páginas. En ellas, sintetizó la versión oficial sobre los desaparecidos, decía:

Comprendo la angustia de los familiares de las personas desaparecidas, pero el Gobierno no está en la posibilidad de dar información de donde se encuentra cada persona desaparecida […] Respecto a que existe el derecho constitucional a saber dónde están sus hijos, esto sería si éstas estuvieran en poder de alguna autoridad o tribunal, pero el Gobierno no tiene ‘obligación constitucional’ de encontrar donde esté alguna persona que no haya sido aprehendida o esté sujeta a proceso o detención…

Durante los gobiernos de Luis Echeverría y José López Portillo (y los que siguieron), sistemáticamente se negó que hubiera una estrategia para eliminar a un sector de la disidencia política, principalmente a las guerrillas. No sólo se ocultó que las dependencias encargadas de la seguridad nacional llevaban a cabo operaciones de detenciones ilegales y posteriores desapariciones, además se insistió en que las propias víctimas de tales abusos eran los responsables de su suerte.

El expediente de Felipe Ángel Millán García, militante de la Liga Comunista 23 de Septiembre en Sinaloa, que se encuentra en el archivo de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) resguardado por el Archivo General de la Nación (AGN), contiene información que permite saber que fue detenido por agentes de la DFS y la Policía Municipal en la ciudad de Culiacán, el 23 de julio de 1977.  Uno de los objetivos de las detenciones era obtener información que permitiera descubrir y capturar las redes de militantes. Un mecanismo perversos en este proceso fue obligar al detenido a señalar en la calle o “puntos de encuentro” a sus compañeros. Así lo hicieron con Felipe. Un reporte señala que el 17 de agosto, es decir 25 días después de su detención-desaparición, se realizó un patrullaje con él por las calles de Culiacán, ese día “señaló” a dos activistas estudiantiles, quienes fueron detenidos, y quienes pese a no tener ningún vínculo con la Liga, permanecieron 18 días detenidos-desaparecidos, hasta su liberación el día 30 de agosto.  Felipe sigue desaparecido. Igual que en otros casos, la DFS elaboró un documento en el que se establece una ficción que “da cuenta” de su desaparición:  

Este individuo no está muerto, es prófugo de la justicia. Miembro de la Liga Comunista ’23 de Septiembre’, a nombre de cuyo grupo realizó múltiples actividades delictivas durante varios meses. El 10 de septiembre de 1977, fue encontrado en la calle de Joaquín Redo de la Colonia Gabriel Leyva, Culiacán, Sin., en unión de otros miembros de ese grupo subversivo, teniendo en su poder varias armas de grueso calibre ocultas en ese lugar que [e]ra una casa de seguridad, lugar donde también se encontraron múltiples explosivos[…]A partir de esa fecha han tratado diversas corporaciones policíacas de ubicar a los prófugos sin resultados.

En este tipo de reportes, pertenecen a una estrategia discursiva documental, se responsabilizaba a las víctimas de la represión de su propia suerte, al mismo tiempo que se documentaba su culpa y se borraba el rastro del detenido. De esto se alimentó la versión oficial. Pero sus mismos archivos los desmienten.

Búsquenle por otro lado o de la transparencia a la mexicana

Casi 36 años después de la respuesta del procurador, los mecanismos de la desaparición forzada siguen intactos: negar cualquier información sobre el detenido, para impedir el ejercicio de sus derechos, a él y a sus familiares. Desde enero de este año, se implementaron nuevas restricciones para la consulta de información del archivo de la DFS. Este archivo, que aún es controlado por el Centro de Información y Seguridad Nacional (CISEN), pertenece a un conjunto que públicamente se conoce como “archivos de la guerra sucia”.

Hasta el año pasado la consulta de documentos podía ser “directa” (mediando el criterio del personal del CISEN), y además solicitar versiones públicas, que eran testadas por el AGN. Sin embargo, a partir de enero decidieron aplicar un criterio (perverso según mi opinión) que se encuentra en el art. 27 de la Ley Federal de Archivos (emitida en el 2012) y que se refiere a que hay cierta información que, a pesar de ser histórica, su contenido sigue siendo delicado y por ello se les clasifica como “archivos históricos confidenciales”. Con esta clasificación, esos archivos quedan exentos de la Ley Federal de Transparencia, y la información puede ser reservada (eufemismo legal para ocultar y negar información) hasta por 70 años.

En una brillante y tautológica defensa de la impunidad y la opacidad, el comisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), Francisco Javier Acuña, pregunta y se responde: “¿Cómo es posible que a estas alturas esta información de hechos tan graves tenga que consultarse de manera parcial? Esa es la razón: son archivos históricos confidenciales”. (http://www.jornada.unam.mx/2015/03/30/politica/005n1pol)

Se argumenta que se trata de proteger los datos personales de “víctimas y victimarios”, dice el comisionado, pero ¿a quién beneficia esa “protección”?, de ninguna manera a las víctimas o sus familiares. Con la nueva forma de testar la información, testado que ahora realiza el propio CISEN, se oculta, entre otras cosas, el nombre y posición de funcionarios que participaron en la represión e incurrieron en graves violaciones a derechos humanos. Dice el comisionado del IFAI: “…se trata de que se conozcan las circunstancias, pero no los detalles, como por ejemplo si una de las víctimas apareció con la cabeza destrozada o el victimario confesó. En aquella época (de los movimientos sociales), ve a saber de qué forma aberrante se obtenían las confesiones”.

Pues justo, entre otras cosas, eso que hay que conocer y denunciar son las “formas aberrantes” en que los agentes de seguridad nacional, militares o civiles, implementaron la estrategia represión. Se sostiene que hay que proteger los datos personales de las víctimas, entre ellos, por ejemplo, la ideología que defendían. Pero en el caso de los detenidos-desaparecidos, es un dato fundamental, pues en las fichas de su detención podría saberse bajo que “ideología” eran clasificados por la DFS, y de esa manera quebrar la ficción durante mucho tiempo sostenida por el Estado y los gobiernos, de que en México no se perseguían las ideas. Se persiguieron sí, y hasta la muerte de quienes las sostenían. Y se siguen persiguiendo.

Los archivos de la represión, no sólo tuvieron por objetivo servir de soporte documental, sino alimentar y posibilitar los procedimientos cotidianos de la dependencia a la pertenecieron. En el caso del archivo de la Dirección Federal de Seguridad, contar con la información suficiente y en tiempo sobre los “enemigos” en turno, información que permitiera documentar su culpabilidad, permitir su captura y ejecutar la condena.

Negar, ocultar o limitar el acceso a la información que permita dar cuenta de la política autoritaria, es garantizar su continuación. La sugerencia de la directora del AGN, de “buscar en fuentes alternas” información (http://www.jornada.unam.mx/2015/03/23/politica/003n2pol), por ejemplo sobre los detenidos-desaparecidos, es simplemente prolongar la respuesta que dio el procurador del régimen autoritario hace 36 años.

Martes, 7 de abril de 2015

Carta a Gobernación y Archivo General de la Nación

Un grupo de estudiantes, profesores e investigadores de distintas instituciones de educación superior del país, preocupados por las recientes decisiones tomadas respecto del archivo de la Dirección Federal de Seguridad (perteneciente a los archivos que se conocen públicamente como “archivos de la guerra sucia”) que se resguarda en el Archivo General de la Nación, hemos elaborado una carta haciendo algunas preguntas básicas a los directamente responsables, dado que no han dado una explicación pública sobre por qué, cómo y quiénes decidieron modificar las normas de consulta que, lejos de ser un aspecto meramente técnico o normativo, en el contexto nacional de incremento de las actitudes autoritarias y centralistas del ejecutivo, es una decisión que adquiere una significación política.

Esta carta será entregada públicamente el día 16 de abril en la Secretaría de Gobernación.

Acá la carta 

Miguel Ángel Osorio Chong
Secretario de Gobernación

María de las Mercedes de Vega Armijo
Directora General del Archivo General de la Nación

PRESENTES

En días recientes, en periódicos de circulación nacional, se dio a conocer la determinación, atribuida a la Secretaría de Gobernación (SEGOB) de cerrar el acceso directo a la información contenida en el archivo de la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS), que se resguarda en la galería 1 del Archivo General de la Nación (AGN). Ante esta medida, investigadores y estudiantes de instituciones nacionales y extranjeras, preocupados por la transparencia del actuar gubernamental, solicitamos se nos responda lo siguiente:

1. Según lo establecido en los artículos 5º y 7º del Acuerdo por el que se disponen diversas medidas para la procuración de justicia por delitos cometidos contra personas vinculadas con movimientos sociales y políticos del pasado, publicado en el Diario Oficial el 27 de noviembre de 2001, la SEGOB debió transferir al AGN “la totalidad de los archivos, expedientes, documentos e información en general que fueron generados por las extintas Dirección Federal de Seguridad…”, y el AGN debía custodiar y gestionar dicho archivo.
¿Por qué el archivo de la DFS sigue siendo administrado y custodiado por personal adscrito al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN)? En una clara contradicción al acuerdo presidencial citado.

2. El acceso y consulta “directa” (mediando el criterio del personal del CISEN) había sido posible hasta diciembre de 2014. Con esa misma discrecionalidad, a diferentes usuarios se les había pedido presentar solicitudes de transparencia para la consulta de algunos expedientes que a decir del personal de la galería 1, “se manejan distinto”, dicha consulta fue negada en algunos casos a pesar de que la resolución del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) había dado el fallo favorable. ¿Por qué la SEGOB y el CISEN aplican una nueva restricción a la consulta de la información contenida en el archivo de la DFS? ¿Cuáles fueron las condiciones que obligaron a la aplicación de nuevos criterios de acceso? ¿Estos nuevos criterios fueron sancionados por el Consejo Nacional de Archivos?

3. ¿Cuál fue la opinión emitida por el AGN, como entidad encargada no sólo de interpretar la normatividad en materia de archivos, sino de garantizar los mecanismos de acceso y consulta oportunos de la información, así como de promover la investigación de y en estos archivos?

Los archivo de la DFS, de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la extinta Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales, forman lo que públicamente se conoce como “archivos de la guerra sucia”. En ellos se encuentra información valiosa, no sólo para el conocimiento de la historia reciente de México, sino para la construcción democrática que pasa por cumplir con el derecho de justicia de miles de mexicanos, a quienes, en distintas formas, les fueron violados sus derechos civiles y humanos. La determinación de cerrar el acceso directo, afecta no solamente el desempeño profesional de historiadores y periodistas, sino que atenta contra la memoria y el conocimiento histórico en nuestro país, así como la posibilidad jurídica de esclarecimiento de delitos y atentados contra los derechos humanos en el pasado reciente.

Dada la importancia y el elevado interés público de los archivos de la DFS, consideramos que tanto el AGN como la SEGOB, deben promover mecanismos que mejoren la consulta y acceso directo, y no estar generando procedimientos, disfrazados de legalidad, que contribuyen al manejo privado y discrecional, por parte de funcionarios e instituciones, de información que por su naturaleza pertenece a todos los mexicanos.

 

Si están de acuerdo e interesados en firmar la carta sigan este vínculo:

https://docs.google.com/forms/d/158ZBEjj_TtrJcn71b6993SwbQDkQWtNgiiirBSBtjNU/viewform?hc_location=ufi